Según el Banco Mundial, el país ocupa el tercer lugar después del Reino Unido y Australia.
Colombia es el tercer país más competitivo del mundo en términos de regulación para financiar obras de infraestructura a través del esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), según el Banco Mundial.
De acuerdo con el organismo, en 2018 y entre 135 economías, el país alcanzó 83 puntos sobre 100, lo que lo ubicó como el tercer país más competitivo después del Reino Unido y Australia.
Adicional a esto, en comparación con los 29 países de altos ingresos de la Ocde, Colombia ocupa también el tercer puesto después de Reino Unido y Australia, lo que lleva al país a ocupar un puesto privilegiado para seguir promoviendo políticas en términos de APP.
“Esta calificación refuerza la que adelantó el Infrascope del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la que Colombia ocupó el primer puesto en 2017 y 2018, por su capacidad para desarrollar APP en América Latina y el Caribe”, dijo Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Mejía también hizo énfasis en que los ahorros que se han generado a través de la asignación de los riesgos de los proyectos aprobados a través de este esquema, los cuales alcanzaron los 6,8 billones de pesos.
“En promedio, las iniciativas APP han generado valor sobre el costo del proyecto de 15,5% entre el sector transporte, edificaciones públicas, y otros proyectos sociales”, agregó Mejía.
De igual manera, el director del DNP dio a conocer algunas de las necesidades que en materia de infraestructura requiere el país en los próximos años y los cuales suman cerca de 342 billones de pesos, en sectores como transporte, energía, agua y saneamiento básico, salud, educación, entre otros.
Así detalló cada uno:
Transporte:
Para avanzar en los planes maestros del sector, planificados hasta el 2065, se requieren cerca de 217 billones de pesos. Estos permitirán la intervención de la red vial a lo largo de 19.500 kilómetros ($182 billones), la construcción de 31 aeropuertos ($16 billones y la rehabilitación de 1.800 kilómetros de la red férrea ($10 billones).
Acueducto, saneamiento básico y aseo:
Los avances en este sector demandan la financiación de proyectos por unos 46,7 billones de pesos hasta el 2030.
“Se trata de una tarea ardua que nos permitirá proveer infraestructura para el sector de agua potable, tenemos proyectos concretos con avances significativos como la APP para el acueducto de Santa Marta”, precisó Mejía al indicar que las inversiones requeridas para lograr cobertura universal, reducir pérdidas al 30% y contar con agua potable se calculan en $29,2 billones.
En alcantarillado, para alcanzar la meta de cobertura universal y realizar el tratamiento de aguas residuales se estiman inversiones de 14,2 billones de pesos.
Para el aseo y manejo de residuos sólidos se necesitan 3,3 billones de pesos para alcanzar la cobertura total en la disposición adecuada de basuras, especialmente en las zonas rurales, donde el servicio apenas cubre el 21,9%.
Energía
En la actualidad el servicio alcanza una cobertura en el área urbana del 99,7% y 85,7% en la rural. Para este sector, la inversión requerida es de 6,1 billones de pesos e incluye 300 proyectos propuestos por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Minminas.
Salud
De acuerdo con el director del DNP, la salud en el país demanda inversiones por 47,4 billones de pesos. Estas permitirán acercar a Colombia al promedio mundial de 3,3 camas por cada 1.000 habitantes.
Adicionalmente, para normalizar la red existente (mantenimiento, adecuación y ampliación), se requieren 17,4 billones de pesos.
Otros sectores
Según Mejía, el gobierno dejará contratadas 26.000 aulas de las 51.134 necesarias para lograr cubrir el 100% del déficit. Así, la infraestructura educativa necesita 3,8 billones de pesos para la construcción de 25.134 restantes.
Con relación a la justicia, una de las metas es superar por completo el hacinamiento carcelario de 52,9%. Para eso se requieren obras por cerca de 4,6 billones de pesos. “Los proyectos concretos que se tienen previstos son los de Uramita (Antioquia), Barrancabermeja (Santander) y Puerto Asís (Putumayo)”, señaló el DNP.
En edificaciones públicas se han identificado inversiones por $1,4 billones, que incluyen el proyecto del Primer Edificio del CAN, la Ciudadela Judicial en Bogotá, la Fiscalía en Paloquemao y la nueva sede de la Fiscalía en Cali.
Las inversiones previstas se orientan a proyectos de adecuación de tierras por unos $15,3 billones, que incluyen la culminación de 135 iniciativas de pequeña escala, y la finalización de proyectos prioritarios, entre otros. Finalmente, para desarrollar la infraestructura de datos, conocida como BIG DATA, se requieren unos $17.000 millones.